La infiltración de las economías ilegales en la política peruana: una amenaza creciente para la democracia

En el Perú, las economías ilegales —como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando— han dejado de ser únicamente un problema económico o ambiental. Hoy representan una amenaza directa a la institucionalidad democrática, al infiltrarse progresivamente en la vía política del país.

Crimen organizado y captura territorial

Las bandas de crimen organizado transnacional operan bajo una lógica expansiva: al llegar a un país, buscan apoderarse de territorios donde ya existen economías ilegales. En regiones como Madre de Dios, Pataz, Ucayali y Piura, la minería ilegal ha superado incluso al narcotráfico en ingresos, movilizando más de 4,600 millones de dólares anuales. Esta riqueza ilícita les permite financiar logística, reclutar personal y establecer redes de protección local.

Injerencia política y elecciones en riesgo

La preocupación se incrementa por las elecciones generales del 2026. Diversos estudios advierten que estas mafias podrían financiar campañas políticas a nivel nacional, regional y municipal. Utilizan empresas fachada, ONG falsas, criptomonedas y testaferros para canalizar dinero ilícito, influir en agendas legislativas y asegurar leyes que favorezcan la ilegalidad.

La estrategia no se limita a un solo partido, se apuesta por múltiples actores políticos, desde la extrema derecha hasta la izquierda radical, con tal de garantizar impunidad y protección institucional.

Violencia política: el espejo de Ecuador y Colombia

La experiencia de países vecinos como Ecuador y Colombia muestra el rostro más crudo de esta infiltración. En Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio en 2023 marcó un punto de quiebre: candidatos que denunciaban vínculos entre mafias y políticos fueron silenciados con violencia extrema. En Colombia, el crimen organizado ha logrado penetrar estructuras estatales, generando zonas de veto electoral y asesinatos selectivos.

Conclusión

La lucha contra las economías ilegales no puede limitarse a operativos policiales. Requiere una estrategia integral que combine inteligencia financiera, fortalecimiento institucional, participación ciudadana y reformas políticas profundas. De lo contrario, el país corre el riesgo de que la democracia sea reemplazada por una fachada controlada por intereses criminales.

Prospectiva ¿hacia dónde va el Perú?

Si no se toman medidas urgentes, el Perú podría enfrentar un escenario de captura institucional, donde alcaldes, congresistas e incluso presidentes respondan a intereses ilegales. La delincuencia está creciendo exponencialmente, y tanto autoridades como ciudadanos parecen estar normalizando su presencia y accionar delictivo. La falta de control sobre el origen de los aportes de campaña, la debilidad de la inteligencia financiera y la ausencia de estándares éticos verificables en los partidos políticos configuran un terreno fértil para la consolidación de esta amenaza.