¿Cuál es el futuro del crimen organizado en el Perú?

La experiencia de Ecuador como escenario de anticipación

Durante años, Ecuador fue considerado uno de los países relativamente más seguros de Sudamérica. Sin embargo, en un periodo relativamente corto pasó de tener estructuras criminales focalizadas a enfrentar organizaciones capaces de disputar territorios, controlar economías ilícitas, penetrar cárceles y desafiar abiertamente al Estado.

El Perú todavía no ha llegado a ese nivel. Pero algunas señales obligan a preguntarnos:

¿estamos recorriendo una trayectoria similar?

De la criminalidad localizada a la disputa por el territorio

La transformación ecuatoriana no ocurrió de un día para otro. Puede dividirse, para efectos de análisis, en cinco fases:

Fase 1 – Criminalidad localizada.Existen bandas y economías ilícitas, pero el Estado conserva ampliamente el control territorial.

Fase 2 – Expansión y diversificación.Las organizaciones comienzan a ampliar sus negocios: narcotráfico, extorsión, minería ilegal, trata de personas, préstamos ilegales y sicariato.

Fase 3 – Consolidación territorial. Las organizaciones cobran cupos sistemáticamente, controlan determinados mercados y barrios, desarrollan redes transnacionales y utilizan asesinatos selectivos para disciplinar a víctimas y competidores.

Fase 4 – Fragmentación y guerra criminal. Distintas organizaciones disputan territorios, puertos, cárceles y corredores logísticos. El homicidio aumenta aceleradamente y aparecen atentados, explosivos y ataques contra autoridades.

Fase 5 – Desafío abierto al Estado. La violencia criminal adquiere características de amenaza a la seguridad nacional y obliga al Estado a emplear de manera permanente capacidades militares junto con las policiales.

Ecuador avanzó progresivamente por estas fases. El crecimiento de la producción regional de cocaína, la importancia logística del puerto de Guayaquil, la consolidación de organizaciones criminales dentro de las cárceles y posteriormente la fragmentación de Los Choneros contribuyeron a desencadenar una competencia extremadamente violenta.

El resultado fue dramático. Ecuador registró 6.986 homicidios en 2024. Aunque representó una reducción frente al extraordinariamente violento 2023, la tendencia volvió a invertirse: en 2025 la tasa de homicidios aumentó aproximadamente 31%, hasta alcanzar un récord cercano a 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

¿En qué fase se encuentra el Perú?

Si utilizamos este modelo únicamente como herramienta prospectiva —no como una predicción determinista—, podríamos asignar la siguiente ponderación:

Fase 1: 20% | Fase 2: 40% | Fase 3: 60% | Fase 4: 80% | Fase 5: 100%.

Bajo este esquema, el Perú se encontraría aproximadamente entre las fases 2 y 3, alrededor del 50%-60% del proceso de escalamiento observado posteriormente en Ecuador.

La señal más importante es la extorsión. Las denuncias pasaron de 4.415 en 2021 a 24.245 entre enero y noviembre de 2025, según información policial citada en documentación oficial: un incremento de aproximadamente 449%.

Además, la expansión es territorial. Solo Lima Metropolitana pasó de 3.697 denuncias por extorsión durante el primer semestre de 2024 a 5.783 en el mismo periodo de 2025. Piura, Áncash, Lima Región y Callao también mostraron incrementos.

A ello se suma la presencia de estructuras transnacionales. El Tren de Aragua y sus células encontraron en Perú oportunidades para diversificarse desde la trata y explotación de migrantes hacia la extorsión, el “gota a gota”, el secuestro y otras economías ilegales.

No obstante, existen diferencias importantes. Perú no presenta todavía una guerra nacional entre grandes organizaciones comparable con la experimentada por Ecuador, ni un nivel semejante de control criminal de las cárceles y de violencia homicida.

Por ello, hablar hoy de una “ecuatorización” consumada del Perú sería prematuro. El riesgo estratégico está en la trayectoria, no en afirmar que ambos países ya se encuentran en la misma situación.

Ecuador: ¿por qué la intervención del Estado no logró contener la violencia?

Ecuador ofrece además otra lección.

En enero de 2024, el gobierno declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y desplegó a las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales. Inicialmente los homicidios disminuyeron. Sin embargo, las organizaciones se adaptaron, algunas se fragmentaron y posteriormente volvieron a competir violentamente por territorios y mercados.

Esto ayuda a explicar una aparente paradoja: capturar líderes y aumentar las operaciones militares puede debilitar una organización sin necesariamente reducir inmediatamente la violencia. Si el vacío dejado por una organización dominante es disputado por varias facciones, la violencia puede incluso aumentar temporalmente.

Estados Unidos, Ecuador y una hipótesis geopolítica

Existe además una dimensión que merece seguimiento: la creciente cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.

Washington ha proporcionado cooperación, inteligencia, entrenamiento y apoyo contra el narcotráfico. Ambos países también firmaron instrumentos para profundizar su cooperación militar, mientras Estados Unidos anunció públicamente mayor intercambio de inteligencia, cooperación policial y asistencia en seguridad.

Esto ocurre mientras Ecuador se ha convertido en un espacio geopolíticamente relevante del Pacífico sudamericano y mientras Washington mantiene una competencia estratégica global con China.

Aquí es fundamental separar hechos de hipótesis.

La posibilidad de que Estados Unidos permita deliberadamente el deterioro de la seguridad ecuatoriana para justificar posteriormente una presencia militar mayor es una hipótesis geopolítica para la cual no existe, con la evidencia pública revisada, sustento suficiente que permita presentarla como un hecho.

Existe incluso un elemento que limita esa interpretación: en noviembre de 2025 los ecuatorianos rechazaron mediante referéndum la propuesta que habría permitido nuevamente bases militares extranjeras en el país.

Lo comprobable es diferente: cuanto mayor sea la incapacidad de los Estados latinoamericanos para enfrentar organizaciones criminales transnacionales, mayor será su demanda de inteligencia, tecnología, entrenamiento, equipamiento y cooperación internacional. Esto puede traducirse objetivamente en una mayor presencia e influencia de potencias externas, sin que sea necesario asumir que estas hayan provocado deliberadamente la crisis.

El precedente del Plan Colombia

El Plan Colombia permite entender mejor esta dinámica.

Desde el año 2000 Estados Unidos destinó miles de millones de dólares a Colombia para fortalecer capacidades militares, policiales, antinarcóticos e institucionales. La asistencia contribuyó a mejorar capacidades operativas, movilidad aérea y presencia estatal en territorios anteriormente dominados por grupos armados.

Pero los resultados fueron mixtos.

La propia Government Accountability Office (GAO) estadounidense concluyó que los objetivos de reducción de drogas no se cumplieron completamente. Años después, constató además que, pese a importantes avances en seguridad, la producción de cocaína volvió a crecer considerablemente.

Por tanto, Plan Colombia demuestra dos cosas simultáneamente: la cooperación estadounidense puede incrementar considerablemente las capacidades de seguridad de un Estado, pero una estrategia predominantemente coercitiva no garantiza por sí sola la eliminación de las economías criminales.

La diferencia geopolítica es importante. Cuando comenzó el Plan Colombia, a fines de los años noventa, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China no tenía las dimensiones actuales. Hoy cualquier ampliación de la presencia estadounidense en Sudamérica ocurre dentro de un escenario internacional diferente.

¿Qué podría esperar al Perú?

La experiencia ecuatoriana permite plantear una prospectiva.

Si Perú logra impedir que las organizaciones criminales consoliden control territorial, financiero, penitenciario y político, la trayectoria ecuatoriana no tiene por qué repetirse.

Pero si continúan expandiéndose la extorsión, el sicariato y las economías ilegales; si las organizaciones logran controlar territorios y cárceles; y si simultáneamente desarrollan mecanismos de corrupción y protección institucional, el país podría avanzar hacia una fase 4: fragmentación y guerra criminal, en la que diferentes estructuras compitan violentamente por mercados y territorios.

Ese sería el verdadero punto de inflexión.

Ecuador demuestra que el momento más peligroso puede llegar antes de que el Estado perciba plenamente la transformación: cuando las bandas dejan de ser únicamente grupos que delinquen dentro del territorio y comienzan a convertirse en organizaciones que disputan el control del territorio.

Por eso, la pregunta estratégica para el Perú no debería ser únicamente cuántos delincuentes se capturan.

La pregunta fundamental es otra:

¿qué territorios, mercados, cárceles, corredores logísticos y economías están comenzando a quedar bajo gobernanza criminal?

La respuesta a esa pregunta podría indicarnos no solo dónde se encuentra actualmente el Perú, sino también hacia dónde puede dirigirse su seguridad en los próximos cinco años.